La
historia es un tanto inverosímil: en mayo, un hombre en California
recibió una carta por parte de Comcast, su proveedor de Internet. En
esta misiva, el ISP le comunicaba que la empresa Imperial Enterprises
había entablado una demanda en su contra bajo el delito de descargas y
compartir contenido de forma ilegal. El título en cuestión era Tokio
Cougar Creampies, un filme porno. Sin embargo, hay un pequeño detalle
que no cuadra: el demandado es legalmente ciego.
Claro que su
discapacidad visual no le impide per se el consumo de pornografía, pero
es cierto que suena un poquito disparatado. Según explica, él está
incapacitado para ver cualquier filme; y en su casa, sólo sus dos hijos
—de cuatro y seis años— consumen películas. Como podemos ver, las
posibilidades de que él haya descargado el vídeo son mínimas. De hecho,
de lo único que es culpable es de haber dejado abierta su red
inalámbrica.
Según su testimonio, debido a que trabaja casi todo
el día, le pidió a su esposa que comprar un router inalámbrico. Cuando
lo instalaron, no le pusieron contraseña porque habitan en un edificio
de lujo y pensaron que nadie se colgaría de su Internet. Error. Algún
vecino debió usar su red para descargar el filme y los que ahora sufren
las consecuencias son ellos.
Por supuesto, su caso tiene
posibilidades de éxito, pero el hombre ha decidido no arriesgarse. Como
tantos de los demandados, prefiere no meterse en más líos legales y
pagarle una indemnización de un par de miles de dólares a la productora.
Aún a sabiendas que no ha cometido ningún crimen, esta persona prefiere
arreglarlo ahí, básicamente porque tiene el mismo (o más) costo
contratar a un abogado para que apele, y sin garantías de tener éxito.
Al
parecer, la industria no termina de comprender que no somos direcciones
IP. Su mecanismo de perseguir y castigar se basa en la idea de que
somos nuestra conexión, cuando hay muchas posibilidades de que alguien
más la utilice sin nuestro consentimiento. Lo peor es que su táctica de
intimidación funciona tan bien que ni siquiera los inocentes ven
posibilidades de defensa. ¿Cuántos de los 200 mil acusados de BitTorrent
estarán en una situación similar? Yo creo que no son pocos.